Vaya por delante que:

• monto y me traslado en bici por Madrid siempre que razonablemente puedo (que son las menos de las veces)
• simpre uso casco (más que por la improbable protección que pueda darme, por poder reforzar el alegato, en caso de incidente, de que soy un ciudadano responsable)
• tengo en el cuerpo dos cicatrices de más y otros tantos dientes de menos a resultas de diversos accidentes
• no tengo tiempo de discurrir cuál sería mi postura sobre la prohibición de circular en bici sin casco: es asunto que no me afecta en absoluto por lo arriba indicado.

Sentado lo cual, entro en materia. Y es la del aburridor y artificial debate que se crea siempre que

• el gobierno pretende prohibir alguna actividad (sea fumar en locales públicos, conducir sin cinturón de seguridad o montar en bici sin casco),
• alguna asociación se arroga el derecho de representación de los presuntos afectados y
• se planta en el no, un no absoluto y sin fisuras ni matices.

En este caso, hablaré de la oposición —poco razonable, a mi parecer— de ciertas asociaciones de ciclistas, como la Coordinadora ConBici, con la que mantuve algún intercambio de tuits recientemente.

Aclaro que no es la discusión sobre si el casco debiera o no exigirse lo que trae este asunto a mis páginas sino un examen crítico de los argumentos técnicos y científicos esgrimidos por los antiloquesea. Aclaro también que estoy siempre dispuesto a cambiar de opinión en cualquier asunto cuando la evidencia científica y técnica me induce a ello. Pero me rebelo —y entonces vengo a estas páginas y escribo— cuando se me intenta dar gato por liebre.

Veamos pues. Veamos algunos ejemplos de cómo desde la Coordinadora ConBici se navega tortuosamente, en zigzag, por la literatura científicotécnica para seleccionar torticeramente evidencias con que apuntalar posiciones de partida (o prejuicios).

En primer lugar, constato que no tienen a bien considerar la lista de organizaciones que abogan por considerar el uso del casco recomendable (como la AMS) o, incluso, obligatorio (como la British Medical Association o la American Medical Association).

Un informe que me hicieron llegar, El uso del casco en la bici: una visión general basada en pruebas concluyentes fue elaborado por una organización ciclista británica y tiene el siguiente resumen:

El siguiente informe expone las razones, respaldadas por pruebas concluyentes, para que el uso del casco no sea obligatorio por ley ni sea objeto de campañas promocionales.

Lo argumenta alrededor de tres ideas:

• La obligatoriedad del casco reduce el uso de la bicicleta.
• Si se usa menos la bici, empeora la salud global de la población (empeoramiento que no se vería compensado por el beneficio que reportaría el uso del casco).
• El que haya muchos ciclistas es causa de que la conducción en bici sea segura (por lo que medidas disuasorias del uso de la bici, aun en aras de la seguridad, tendrían el efecto paradójico de reducirla).

Puede ser, no lo descarto como hipótesis de partida, que la obligatoriedad del casco pueda reducir el uso de la bicicleta. Pero si la relación causa efecto fuese concluyente, los autores del informe, casi seguro, no se habrían visto obligados a realizar lecturas selectivas de sus fuentes. Por ejemplo, hacen notar una reducción del 36 % entre los niños ciclistas en Melbourne (donde también destacan una reducción notablemente más pronunciada del 44 % entre los adolescentes). Pero el resumen del artículo del que extrean esas cifras tiene una visión mucho más comedida:

The first year following the introduction of the helmet wearing law coincided with a reduction in the number of people riding their bicycles. By 1992, two years after the law, the number of bicyclists was approaching pre-law levels in adults and children but was still greatly reduced in teenagers.

Y la reducción del 60 % en Nueva Escocia (Canadá) se apoya en un estudio que no dice nada de eso sino, más bien, que

The rate of helmet use rose dramatically after legislation was enacted, from 36% in 1995 and 38% in 1996, to 75% in 1997, 86% in 1998 and 84% in 1999. The proportion of injured cyclists with head injuries in 1998/99 was half that in 1995/96 (7/443 [1.6%] v. 15/416 [3.6%]) (p = 0.06).

En maldito párrafo se trata el incremento o decremento del uso de la bicicleta en Nueva Escocia.

Y es entretenido seguir comparando las afirmaciones del estudio con los de los artículos de las referencias para descubrir más modos de lecturas interesadas, cuando no directamente inventadas.

Sobre el impacto negativo sobre la salud derivado del menor uso de la biclicleta, suspenderé el juicio en tanto en cuanto no se pruebe más fehacientemente la mayor: que se reduciría el número de ciclistas se obligarse a usar casco. Insisto, no niego que el razonamiento tenga cierta coherencia lógica, pero creo que si el efecto fuese tan patente y significativo, dudo que los autores del estudio se hubiesen visto abocados a tan contumaz ejercicio contorsionismo lógico.

Finalmente, el argumento de que el número de cicilistas causa seguridad (por lo tanto, cualquier medida que contribuyese a reducir aquél tendría consecuencias negativas sobre esta) bien podría ser falaz. Que dos fenómenos ocurran juntos, ¿significa que el primero de ellos es causa del otro? ¿O podría ser, más bien, al revés? ¿O que ambos sean consecuencia de un tercero? De hecho, yo entiendo más creíble que sea la seguridad percibida la que invite a pedalear —al menos, intuyo un nexo lógico— a lo contrario, es decir, a que la seguridad sea una propiedad que emane mágicamente de masas de ciclistas. Aunque no me atrevo a ahondar en estas cuestiones relativas a la causalidad en tanto que no haya terminado de leer el libro de Pearl.

Dentro de las lecturas tendenciosas y sesgadas, encuentro en las páginas de ConBici la mención a un informe científico europeo patrocinado por la Comisión Europea y la Fundación Mapfre que, según ellos, contradice la propuesta de la DGT sobre el uso obligatorio del casco para los ciclistas españoles y que resume así:

El informe propuso más de 60 recomendaciones a los gobiernos europeos y la Union Europea sobre cómo mejorar la seguridad vial para los ciclistas. Ninguna de las recomendaciones pedía cascos obligatorios para ciclistas, y en la página 47 los autores del informe advierten: el uso del casco no debería ser obligatorio.

Que es cierto, pero con muy serios matices. Porque lo que se lee en el informe es:

Relating to the use of helmets, as explained in Section 3 above, further research would need to be undertaken to improve the level of protection they provide and the type of collisions they are useful in. As such, the use of helmets while riding should not be mandatory. However, as they provide an additional amount of protection to cyclists – albeit a limited one – cyclists should be encouraged to wear them.

El informe se resiste a recomendar la obligatoriedad del casco de no estar fundada en estudios más conclusivos y en tanto en cuanto —de esto se encarga también el informe en otros puntos— no se mejore la protección que potencialmente podría brindar a los ciclistas.

En fin, que no me convencen. Aunque eso es lo de menos.

Lo importante es ¿por qué se empeña siempre la gente en torcer, torcer y torcer la realidad? ¿Por qué ha desaprovechado la ocasión ConBici de poner honestamente juntos argumentos en pro y en contra y valorarlos ellos —e invitarnos a los demás a que los valoremos también— en lugar de buscar el adoctrinamiento a toda costa? ¿Por qué me han hecho perder esta tarde de domingo haciéndome buscarle tres pies al gato?

Hoy, el INE, casi nos ha regalado un ejemplo perfecto de la paradoja de Simpson en la nota de prensa de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

En efecto, según la tabla

el porcentaje de hombres aprobados superó al de mujeres en cada categoría (excepto en la muy pequeña de mayores de 45 años). Pero, sin embargo, el porcentaje de aprobados entre las mujeres supera (aunque por la mínina) al de los hombres.

Observado lo cual, aprovecho para protestar: el porcentaje de aprobados es una medida bastante rudimentaria para casi cualquier fin. Porque publicar

y no publicar nada viene a ser lo mismo. ¿No podían dar resultados desagregados de las puntuaciones obtenidas por estudiante (anónimo) y tal vez, incluso, por asignatura (tal vez con un mínimo jitter para dificultar la desanonimización)? ¡Con lo que nos gustaría enredar con esos números!

Mi copia de El desarrollo de la España contemporánea, de Gabriel Tortella, ya amarillea. Igual hace 15 años que lo compré y lo leí.

Aparte de ese sustrato de conocimiento que se le puede quedar a uno prendido tras leer lo que lee, de este libro me han venido resonando con fuerza en la memoria unas cuantas líneas que se me quedaron grabadas desde fines del siglo pasado. Son estas:

La principal acción estatal para promover la igualdad regional es la inversión en capital humano, es decir, la educación, dedicando preferentemente a ellos los Fondos de Compensación Interterritorial, porque cada vez más, con el papel creciente que la técnica tiene en el desarrollo económico, es este tipo de capital el que iguala o diferencia las regiones. Por una parte, es un tipo de inversión que no se despilfarra. Incluso inversiones tan básicas como las realizadas en estructuras de transporte, canalizaciones, y otras formas de capital fijo corren el peligro de malgastarse en regiones que se despueblan, como ocurre con muchas líneas ferroviarias. No sucede lo mismo con el capital humano: aunque una zona se despueble, los emigrantes se lo llevan consigo y no se pierde. Por otra parte, aunque es cierto que el capital humano muere con los individuos, el enorme alargamiento de la esperanza de vida hace que esa inversión sea hoy tanto más productiva. Además, es bien sabido que los individuos educados transmiten su nivel educativo a sus hijos.

Me voy a meter en terrenos pantanosos. El tema que traigo hoy a mis páginas es, sin duda, espinoso. Pero quiero dejar en negro sobre blanco una serie de ideas básicas que se han convertido en el punto de partida de cuanto puedo opinar sobre este tema, la esencia pura del mismo (tal y como yo lo entiendo) antes de que abogados, políticos, financieros, etc., lo compliquen.

Casi todo lo que se lee sobre el asunto está enmarañado de hojarasca de índole legal y, a menudo, ideológica. Me da la sensación de que el punto de partida del razonamiento de la mayoría sobre el asunto viene determinado por su respuesta personal a las dos siguientes preguntas:

1. ¿Crees (aunque no te conste la evidencia o pueda siquiera definirlo) que el sistema es sostenible?
2. ¿Te decantas (por razones ideológicas preconcebidas, principalmente) por un sistema público o privado?

Yo prefiero pensar siempre en la siguiente fabulilla:

En un país viven 100 personas que producen y consumen un único producto, patatas. La producción anual de patatas es P. Hoy en día trabajan 60 personas y 40 están jubiladas. Quienes trabajan son los dueños del 100% de las patatas pero, gracias a ciertos mecanismos legales —me gusta llamarlos papelitos— los jubilados expropian alrededor del 40% de ellas y al final, cada persona recibe alrededor de P/100 patatas.

Estos papelitos pueden adoptar diversas formas: pueden ser acciones en las empresas que fabrican patatas; o ciertos derechos acumulados en determinada institución a la que bien podemos llamar Seguridad Social. Pero, al fin y al cabo, no dejan de ser papelitos en los que dice: el Sr. X tiene derecho a Y patatas en la fecha futura Z.

Las proyecciones para el 2030 son las siguientes:

• Seguirá habiendo 100 personas en el país.
• Sin embargo, solo trabajarán 40 y habrá 60 jubiladas.
• La productividad crecerá: esas 40 personas producirán P(1+i) > P patatas.

Es evidente que la situación en 2030 puede no ser peor que la actual: sería posible que todos recibiesen más patatas que en la actualidad. El sistema sería sostenible. Al menos, teóricamente. Ahora bien, haría falta expropiar un porcentaje mucho mayor que el actual de aquellos que producen patatas. Es decir, repartir más papelitos. Sin embargo, la naturaleza de dichos papelitos (es decir, que tengan la forma de dinero guardado bajo el colchón, fondos de pensiones, derechos adquiridos a través de años de cotización, etc.) es de una relevancia secundaria frente a los principales retos, que son:

• Que efectivamente crezca la productividad.
• Que efectivamente existan mecanismos que permitan expropiar una cantidad mayor de patatas de quienes las producen.
• Y, finalmente —una condición no explícita en mi razonamiento anterior y que algunos puedan entender como exógena y tal vez innecesaria pero que para mí no deja de ser importante— que el reparto se haga ateniéndose a criterios de justicia y equidad.

Estoy con la maleta al hombro y sin tiempo. Así que os cuelgo este biplot

que está basado en las principales partidas de los presupuestos generales del estado (español) durante los años 2008-2011 y si tenéis un rato, en los comentarios, os dejo que expliquéis qué puede significar.

Capicúa es una de las trescientas cincuenta y pico palabras españolas que tienen su origen en el idioma catalán. Significa cabeza y cola. Y viene muy bien para etiquetar las dos entradas que, con esta, he realizado sobre las elecciones en Cataluña.

La que hice en su día, la cola, criticaba los métodos y ponía en cuestión los resultados de una encuesta electoral realizada por El Periódico (para más información, véase este enlace). Tal vez no sea casualidad que el software usado por los analistas en este caso sea SPSS.

La cabeza ese este otro análisis de la misma materia elaborado por Xavier Fernández-i-Marín (y usando, en este caso, R). Está basado en el artículo Pooling the polls over an election campaign de Simon Jackman y en cuyo resumen se lee:

Poll results vary over the course of a campaign election and across polling organisations, making it difficult to track genuine changes in voter support. I present a statistical model that tracks changes in voter support over time by pooling the polls, and corrects for variation across polling organisations due to biases known as ‘house effects’. The result is a less biased and more precise estimate of vote intentions than is possible from any one poll alone. I use five series of polls fielded over the 2004 Australian federal election campaign (ACNielsen, the ANU/ninemsn online poll, Galaxy, Newspoll, and Roy Morgan) to generate daily estimates of the Coalition’s share of two-party preferred (2PP) and first preference vote intentions. Over the course of the campaign there is about a 4 percentage point swing to the Coalition in first preference vote share (and a smaller swing in 2PP terms), that begins prior to the formal announcement of the election, but is complete shortly after the leader debates. The ANU/ninemsn online poll and Morgan are found to have large and statistically significant biases, while, generally, the three phone polls have small and/or statistically insignificant biases, with ACNielsen and (in particular) Galaxy performing quite well in 2004.

Ojalá tuviesen estos estudios mayor repercusión mediática…

El otro día asistí a un congreso sobre big data, datos públicos, periodismo de datos y ese tipo de cosas. Cuando el panel de periodistas de datos comenzó la rueda de preguntas, estuve por levantar la mano y formular la mía en términos, más o menos, como estos:

El periodismo de datos no es algo nuevo. Existen áreas en las que los datos han sido abundantes (incluso en tiempo real) y que llevan siendo cubiertos por la prensa desde hace décadas. Me refiero al sector económico y financiero. Sin embargo, la prensa ha mostrado una capacidad muy pobre para proporcionar análisis y contexto en este ámbito. ¿Qué garantías pueden ofrecernos los nuevos periodistas de datos acerca de su habilidad para para ofrecer análisis sugerentes y profundos en los nuevos ámbitos que se abren en la profesión?

Vamos con un ejemplo. Hoy he leído lo siguiente en el periódico:

La demanda petrolera mundial aumentará un 14% hasta 2035. La demanda alcanzará los 99,7 millones de barriles diarios, unos 700.000 más que en la actualidad, sobre todo por el repunte del consumo relacionado con el transporte, según ha anunciado este lunes la Agencia internacional de la Energía.

Un horror de resumen. Engañoso. Y fatalista. Es fatalista porque da la impresión de que no hay alternativas: estamos abocados a consumir 100 millones de barriles al día en 2035. Si embargo, no es cierto que eso sea lo que dice la AIE. Por eso es engañoso.

La AIE es bastante más sofisticada —puede que ahí esté el problema— de lo que toleran esos burdos embudos de la información que es en lo que se convierten nuestros periodistas. La AIE —y de eso hablamos hace un tiempo, en el 2010— plantea tres escenarios posibles:

• New Policies Scenario, que es el que la AIE considera más probable (por eso denomina “central”) en el cual las cosas se desenvolverán, aproximadamente, tal cual dan a entender las actuales tendencias. Y en ese, si se cumplen esas condiciones, sí que se consumirían 99.7 millones de barriles al día en 2035.
• Efficient World Scenario, uno en el que se implementan medidas de ahorro adicionales, en el que se consumirían 87 millones de barriles al día en 2035.
• Finalmente, el Escenario 450, una ruta en la que el incremento en la temperatura global no excediese los 2 °C limitando la concentración de gases que producen el efecto invernadero (esencialmente CO2) en la atmósfera a unas 450 partes por millón. En ese escenario, cuya implementación no es sino cuestión de voluntad política y que es perfectamente posible, el consumo de petróleo sería todavía inferior (no figura en la nota de prensa pero sí en el informe completo, al que no he tenido acceso).

Señores periodistas: yo no quiero un titular (o un tuit); quiero análisis. Y si una organización internacional tiene el buen criterio de plantear diversas predicciones en función de diversos acontecimientos futuros, no quiero que se prostituya el mensaje, el contenido y, en definitiva, el fin de la información.

Ayer leí el artículo Las listas de espera se agravan en El País que parece indicar indirectamente que la crisis tiene efectos beneficiosos para la salud.

Leyendo el artículo uno se queda con la copla de que ha crecido tanto el tiempo medio de espera para los tratamientos médicos como el número de personas que los aguardan. Los números pueden verse en el gráfico anterior, extraído del artículo. Lo curioso es que las proporciones son desiguales.

Y eso debería llamar la atención de nuestros lectores. Al menos, de aquellos que no desconozcan la ley de Little,

donde L es el número de clientes que hay una tienda, W el tiempo medio que pasan en ella y la tasa promedio a la que entran.

En nuestro contexto, L sería el número de pacientes encolados (dato), W el tiempo medio hasta el tratamiento (dato) y el ritmo al que la gente cae enferma.

Vemos, pues, que el ritmo al que la gente requería intervenciones quirúrgicas en 2010 era de 186270 / 32 = 5821 pacientes por día mientras que en 2012 la tasa se ha reducido a 241339 / 72 = 3352.

Ergo la crisis es saludable.

Estoy terminando de leer Predictably Irrational. Es un libro que recomiendo encarecidamente.

¿De qué trata? Aquí y en este vídeo de su autor, Dan Arieli, hay abrebocas (que se refieren fundamentalmente a su primer capítulo) que seguro que os soprenderán.

Al leer el libro, sin embargo, realicé un pequeño experimento mental. Con resultados bastante desasosegantes. Pensé en tomar una mesa amplia y una pila de fichas de cartulina. Luego, en cada una de ellas, escribir uno de los resultados del libro, que son del tipo frente al estímulo X la gente actúa así o asá. Generalmente, haciendo honor al título, el comportamiento parece irracional. Finalmente, tratar de ordenarlas de alguna manera, tal vez jerárquica, que me ayudase a extraer reglas y principios generales. Y da la impresión de que uno siempre acabaría encontrando cartulinas que no acabasen de encajar, que ponen de manifiesto contradicciones internas que impiden crear eso a lo que estamos (¿tal vez malamente?) acostumbrados: un sistema coherente de ideas.

¿Algún experto en economía conductual podrá aclararme si la disciplina permite aspirar a algo más que a yuxtaponer anecdotarios?

Los ingleses me descolocan. Hace unos días me enteré de una propuesta de George Osborne, el ministro de hacienda del Reino Unido, que se conoce como shares for rights (acciones a cambio de derechos). Consiste esencialmente en ofrecer a los empleados la opción (nunca la obligación) de recibir una recompensa económica a cambio de que renuncien a una serie de derechos laborales.

Nótese que se trata de una opción. Y tener opciones es bueno. Al menos, para homines œconomici.

Ahora bien, en mi microencuesta, una serie de individuos razonablemente inteligentes y educados a los que he planteado la cuestión se han mostrado, por lo general, poco entusiasmados. De unos, sospecho que sospechan que hay trilero escondido. De otros, que sienten un apego tal vez irracional (lo cual no quiere decir que desacertado) a esos derechos tan costosamente conquistados por la clase trabajadora.

Puede que alguno sospeche, sin llegar a verbalizarlo plenamente, que los derechos laborales no dejan de ser un seguro. El coste de este seguro está soportado por todos los trabajadores pero sólo se benefician de él algunos. Si aquellos que piensan que tienen una probabilidad baja de necesitar bajas maternales o paternales, cobrar una compensación por despido, etc., atinan en sus cálculos, son precisamente aquellos trabajadores que tienden a financiar este seguro (es decir, tienen, si se me permite este malintencionado abuso del lenguaje, balanzas fiscales negativas) quienes salen de él. Con lo que, colectivamente, o se reducen las contraprestaciones o se aumentan los costes para quienes se mantienen dentro.

Este plan tiene otro problema: es muy difícil (incluso para un hombre económico enteramente racional) valorar una opción. Sabemos cuál es el precio de las manzanas, de las camisas, del pan, etc. porque estamos expuestos a información sobre sus precios casi a diario. Pero, ¿cuánto pagaría alguien por el derecho a una baja maternal alguna vez? ¿En qué mercado cotizan esos derechos?

Y si finalmente abandonamos el universo un tanto abstracto e irreal del homo economicus y descendemos al del hombre predeciblemente irracional podemos llevarnos alguna sorpresa sobre los efectos negativos de la presencia de opciones potencialmente inocuas.